EN BUCARAMNAGA LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO
EXIGEN LA REPARACIÓN DE SUS DERECHOS
La Unidad para la Atención y reparación de las víctimas tiene el
reto hasta el año 2021 indemnizar a todos los afectados del conflicto armado en
los aspectos económicos, sociales y políticos; por esta razón, se han logrado
ayudar con 5´300.000´000.000 millones de pesos.
Bucaramanga
es una de las principales ciudades que tiene la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las víctimas del conflicto armado, con el objetivo de
ayudar a los miles de afectados que llegan de varios corregimientos de Norte de
Santander, Nariño, Antioquía que son azotados por los movimientos insurgentes. Sin
embargo, estas ayudas no han sido suficiente para mejorar la calidad de vida de
aquellos que han sido despojados por una guerra de más de 50 años; por esta
razón, la fundación Jesús de Nazaret y sus líderes de paz tiene el objetivo de
pedir ayudas a entidades privadas, entes internacionales y la colaboración de
la ciudadanía para brindar un cambio social en medio de la guerra.
Las
víctimas que son ayudadas por la fundación manifiestan que el Gobierno se
demora mucho en ayudarlos y nos les tienen en cuenta que viven en condiciones
de pobreza absoluta; es decir, sin comida, sin un lugar donde dormir, sin
servicios de salud y si no fuera por la Casa Jesús de Nazaret estarían viviendo
en la calle.
Justificación del Estado Frente a los reclamos
de las víctimas del conflicto armado
Martha
Lizcano, Directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
víctimas, menciona que en Santander se indemnizaron por 300 mil millones de
pesos en 25 a 30 mil víctimas; y hace poco en la ciudad de Bucaramanga la
Unidad de víctimas entregó 600 cartas de indemnización que suman 5.000 mil
millones de pesos. Esto se ha logrado gracias a la logística territorial ya que
actualmente la Unidad de Víctimas están en varios puntos que son: Bucaramanga,
Floridablanca, Piedecuesta, Málaga, San Gil y Barbosa con el fin de brindar
ayuda humanitaria inmediata.
Pero,
realmente lo que viven los desplazados de la violencia deben pasa tienen por
diligencias agotadoras ya que los entes gubernamentales
les exigen varios procesos de declaración para recibir los beneficios de
víctimas del conflicto armado y esto puede tardar días, meses hasta años y no
les tienen en cuenta las situaciones críticas en las que llegan, ya que están
sin dinero, sin servicios médicos y no tienen la capacidad de mantener a sus
familias; por eso terminan viviendo de limosnas o la solidaridad de las
personas. No obstante, el Gobierno se cubre con el argumento que tiene un plazo
hasta el 2021 para restaurar sus derechos vulnerados, así lo manifiesta:
Franceli
Arciniegas trabajadora social y líder del Centro de Atención de Víctimas del
conflicto armado, menciona que las víctimas tienen que acudir al Ministerio
público o la Alcaldía de Bucaramanga para rectificar que son poblaciones
vulnerables por los movimientos insurgentes, una vez que son confirmados, el
Centro de Atención tiene la obligación de entregar un auxilio económica,
dependiendo del núcleo familiar, estas ayudas se hacen con un tiempo de un mes
o dos meses.
Además,
la Líder del Cetro Atención de Víctimas(CAIL) aclara que a partir de la ley
1448 aquella que cubre en aspectos económicos a las víctimas del conflicto
armado; sin embargo, no establece que los municipios deban tener por obligación
alojos para las víctimas del conflicto armado; es por esta razón, que solo se
les está ayudando con los aspectos económicos, sociales y políticos para superar
las situaciones de violencia y despojo.
Líderes de paz que luchan por los derechos
vulnerados
Sin
embargo, en Bucaramanga- Santander hay una fundación que está ubicada en centro
de la ciudad, donde reciben a las personas que han vivido la violencia, y no
han tenido las ayudas necesarias de los entes gubernamentales.
Así lo
afirma Fernando Gonzáles que hace parte de los fundadores de Jesús de Nazaret,
esta institución inició hace 22 años con el propósito de ayudar a las víctimas
de conflicto armado en Bucaramanga-Santander, en sus primeros años era una
entidad pública en la cual el estado estaba encargado de los aspectos
económicos, políticos y sociales de esta población, pero, estas ayudas
disminuyeron, por este motivo, la Fundación decidió pedir donaciones a los
entes internacionales y a la ciudadanía.
Por
otro lado, Yolanda Gonzáles, otra líder de paz en la casa Jesús Nazaret
mencionó que reciben personas provenientes de los departamentos: Norte de
Santander, Sur de Bolívar, Sur del Cesar, Catatumbo, Arauca y Sarabena; es por
este motivo que ellos están encargados de ayudar a personas campesinas víctimas
del conflicto armado, esta población se divide: niños, jóvenes, adultos,
personas de tercera edad y afectados por minas antipersonas que sufren por
tener una prótesis.
“Vivimos un calvario” víctimas del conflicto
armado
Esta
realidad se refleja en dos víctimas que fueron afectados por minas
antipersonas, que narran las dificultades a la hora de pedir ayudas a los entes
gubernamentales y se encuentran en la Fundación con la esperanza de mejorar su
calidad de vida. En primera instancia, está Javier Pallares, quien fue víctima de una mina antipersona, en Norte
de Santander hace veinte años, Pallares relató que era una tarde de trabajo en
la finca de su familia, cuando visualizó un cilindro cerca de una reja, se acercó
para saber qué era y lo agarró, en esos instantes se activó el artefacto,
destrozándole sus brazos y una parte de su ojo derecho; este hecho le dio un
giro a su vida ya que la restauración de sus derechos por parte de las entes no
fueron eficientes, por este motivo que
tuvo que poner varias tutelas para ser indemnizado, este proceso duró casi más
de 10 años . Desde esta instancia Javier está la Fundación Jesús de Nazaret como
un voluntario social que acompaña el proceso de las personas que están su misma
situación.
Además,
Pallares menciona “que para el Gobierno el conflicto armado con las FARC se
terminó lo cual es una mentira porque la paz que implementaron en los acuerdos
es algo falso ya que desconocen los problemas sociales que estamos viviendo a
raíz de la violencia y resulta que al pedir una prótesis al Gobierno nos manda
a las EPS, y estas entidades de salud no nos responde y a lo último toca
demandar para recibir una prótesis, lamentablemente esta es la situación que
nosotros las víctimas de minas estamos pasando”.
Otro
caso es el del Señor José Alberto Ordoñez quien fue víctima de una mina
antipersona, en Norte de Santander- Cáchira, esto sucedió en el año 2001,
cuando Ordoñez se baja de su camión a cargar un ganado y piso un artefacto que
le causó la pérdida de su pierna; el proceso desde ese momento fue complicado
porque para tener la prótesis fue por medio de la fundación Jesús de Nazaret y
la Cruz Roja Internacional; sin embargo, con el tiempo se le dañó varias
veces y no volvió a tener más esas
ayudas por ninguna ente internacional y menos la gubernamental.
El
Señor Alberto, reiteró que en el 2017 pasado la Unidad para la atención y
Reparación Integral a las Víctima le prometió la indemnización de la pierna ya
que solo le dieron un beneficio económico por ser desplazado; pero no se la han
entregado esta ayuda y ya lleva seis meses sin prótesis y esto lo ha
perjudicado ya que no ha podido trabajar para sostener su familia.
Sin
embargo, Bejamin Capacho Profesional Integral de la Unidad para Atención de las
víctimas en Santander, manifiesta que el registro actual tiene 8´600.000 mil víctimas de las
cuales son sujetas de reparación, cerca de 7 millones y medio, lo cual faltaría
indemnizar 6.800 mil víctimas de acuerdo a las cifras que maneja la entidad y
esto le puede costar al Estado cerca de 37 billones de pesos y tienen un plazo
hasta 2021.
Finalmente, más de 8.367.777 millones de víctimas del conflicto armado hay Colombia que están en proceso de recibir las ayudas del Estado. Sin embargo, en, es decir en Bucaramanga específicamente no se tiene el registro ya que la Unidad de Víctima registran las víctimas a nivel global tenido que esperar meses y años para ser restaurados sus derechos vulnerados y ellos manifiestan que cada día son más olvidados por la sociedad y el Gobierno.
